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    La OEA lanza guía para garantizar los ritos funerarios en medio de la pandemia

    La Organización de Estados Americanos (OEA) presentó una guía para garantizar los ritos funerarios en la pandemia y debido respeto.

    Según el registro de la OEA, el Covid-19 había cobrado la vida de unas 535 mil personas hasta el 23 de septiembre de 2020, sólo en la región de las Américas.

    El organismo internacional considera que esta emergencia sanitaria afecta gravemente la vigencia de los derechos humanos colectiva y personal.

    La muerte de un familiar o una persona cercana durante la pandemia resulta particularmente difícil, debido al riesgo de contagio, y a las medidas de contención adoptadas en el marco de la pandemia; las familias y sus seres queridos pueden verse limitadas de compartir con la persona enferma en sus últimos días de vida.

    Adicionalmente, cada persona, comunidad y cultura tiene sus propios rituales como formas de aliviar el dolor que causa la muerte de un ser querido. En particular, en el contexto de la pandemia los ritos funerarios y homenajes a las personas fallecidas se ven restringidos y afectados para prevenir los contagios.

    Algunas de las recomendaciones para los Estados miembros de la OEA son:

    • 1. Respetar y garantizar los derechos de familiares de las personas fallecidas durante la pandemia.
    • 2. Garantizar la investigación de las muertes potencialmente ilícitas, asegurando el derecho de acceso a la justicia de los familiares, a partir del Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas (2016) de Naciones Unidas.
    • 3. Implementar las buenas prácticas en materia de políticas públicas recogidas en esta guía y que sean aplicables a los respectivos Estados para garantizar el respeto al duelo, los ritos funerarios y homenajes a las personas fallecidas durante la pandemia del COVID-19.
    • 4. Preservar la dignidad humana en la manipulación del cadáver bajo cualquier circunstancia, respetando las creencias y las culturas de las personas, especialmente aquellas de las comunidades étnicas y pueblos indígenas.
    • 5. Brindar orientaciones claras a los hospitales y centros de salud, centros de cuidado, cárceles y otros lugares donde ocurren muertes durante la pandemia, para el manejo de los cuerpos y trato con familiares con base en el derecho a la integridad personal y salud mental de las familias de las personas afectadas y de las víctimas fatales de la pandemia del COVID-19.
    • 6. Brindar información a los familiares de las personas con COVID-19 con respecto a cuestiones como: la evolución de la enfermedad; las limitaciones de visitas a los sistemas hospitalarios y las afectaciones sobre prácticas culturales que puedan verse limitadas por las restricciones impuestas.
    • 7. Fortalecer los mecanismos de control estatal para que no se flexibilicen y funcionen de manera efectiva, acordes a la legislación establecida para garantizar que cualquier disposición de recursos ocurra en un marco de transparencia e institucionalidad democrática, libre de corrupción. Se deben garantizar todas las medidas necesarias para que los recursos disponibles alcancen a las zonas y poblaciones más afectadas por la pandemia.
    • 8. En las instituciones estatales de custodia se deben seguir las Reglas de Nelson Mandela, que establecen obligaciones específicas de flujo para muertes y de notificación a familiares. ¿Cuáles son los estándares para garantizar el respeto del duelo, los ritos funerarios Guía Práctica 01 y homenajes a las personas fallecidas durante la pandemia de COVID-19?
    • 9. Crear un sistema nacional/estatal de registros individualizados de personas fallecidas durante la pandemia.
    • 10. Instar a los centros médicos a proveer información confiable y fidedigna a familiares con respecto a la causa de muerte de personas fallecidas durante la pandemia, en virtud del derecho de los familiares a conocer lo sucedido y de la sociedad en su conjunto a conocer las estadísticas sobre el impacto y alcance de la pandemia del COVID-19.
    • 11. Prohibir la inhumación de personas fallecidas por COVID-19 en fosas comunes generales y destinar el uso de fosas específicas para casos sospechosos o confirmados, para facilitar la posterior identificación y localización. Adicionalmente, prohibir
      la incineración de cuerpos no identificados o identificados y no reclamados.
    • 12. Desarrollar e implementar bases de datos para el registro de personas afectadas por el COVID-19 y sus familiares, y de esta forma asegurar su identificación y facilitar el
      contacto para recibir información en relación con la situación de salud, y en supuestos de emergencia, otorgar el consentimiento previo, libre e informado sobre el tratamiento médico. Los hospitales, centros de salud y de cuidado, centros de privación de libertad e instalaciones para migrantes, deben contar con estas bases de datos.
    • 13. Informar a familiares y allegados de forma clara y precisa sobre el potencial riesgo de contagio durante la permanencia en contacto con las personas con COVID-19 y los restos mortales, así como proveerles medidas de bioseguridad. Dicha información debe incluir detalles sobre el uso medidas de bioseguridad durante el proceso de identificación de cuerpos, incluidas las restricciones al contacto directo con el cuerpo con motivo de protección sanitaria.
    • 14. Adoptar medidas que permitan la identificación de las personas fallecidas y la trazabilidad de los cuerpos en caso de entierro.
    • 15. Establecer estándares y mecanismos nacionales y consulares de identificación y, de repatriación de cuerpos de las personas fallecidas durante la pandemia por COVID-19; incluyendo el contacto con familiares.
    • 16. Asegurar que se respete la voluntad de las familias respecto a la disposición final de los cuerpos, siempre en congruencia con las disposiciones sanitarias vigentes.
    • 17. Permitir los ritos mortuorios de manera adecuada a las circunstancias y, con ello, contribuir con la preservación de su memoria y homenaje.
    • 18. Asegurar que los derechos a la libertad de conciencia y religión, así como la vida privada de las personas familiares, no sufran injerencias arbitrarias, de tal forma que cualquier limitación en estos derechos debe cumplir con los requisitos de legalidad y proporcionalidad.
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