De fiscal de casos penales en Venezuela a un alumno más de un curso de la Cruz Roja para ayudante de cocina es el difícil paso que, como miles de compatriotas empujados por la crisis humanitaria de su país, dio Marcos Antonio Parra para empezar de cero en España cuando ya se acerca a los 60 años.
Parra fue fiscal octavo del estado Lara especializado en materia penal entre los años 2000 y 2009. De 2014 a 2018 fue abogado del Comité Ejecutivo de la Paz para el Estado Lara (Cepaz) con el objetivo de defender a detenidos en protestas contra el régimen de Nicolás Maduro, reseñó la agencia de noticias internacional, EFE.
De 57 años y padre de tres niños menores de edad, la grave crisis humanitaria impedía que su esposa fuera operada de un tumor en la cabeza y que su hijo menor, ahora de 6 años, pudiera ser tratado de autismo.
Además, señaló que desde finales de 2017 fue objeto de presiones por parte de la Guardia Nacional y de la policía política del Estado por su labor en defensa de los derechos humanos con el Cepaz, lo que le empujó, en febrero de 2018, a través del paso fronterizo con Cúcuta (Colombia), a emprender camino a Alicante (sureste de España).
Una vez en la ciudad alicantina y ayudado por un hermano, que vive en España desde hace dos décadas, la Cruz Roja lo asistió para pedir el estatus de asilo y le facilitó un curso de ayudante de cocina en una conocida escuela del sector.
En declaraciones a EFE con motivo del Día Mundial del Refugiado, este antiguo fiscal explicó que «el principio en España fue duro por el choque emocional» ya que «jamás» se había imaginado un cambio tan radical de vida ni tener que empezar una vida prácticamente desde cero, «como si tuviera 16 o 17 años y sin saber qué hacer».
Como muchos otros compatriotas que se vieron obligados a dejar Venezuela, Parra recordó que los primeros meses fueron de «auténtica angustia pensando qué va a pasar y de qué íbamos a vivir» ante la incertidumbre de buscar un nuevo oficio con el que sustentar a dos hijas, que tenían entonces 17 y 7 años y al niño de 5.
Pese a que el trabajo en la cocina no es el sueño de su vida, está dispuesto a lanzarse de lleno para conseguir una estabilidad económica y ahorrar para «retomar» su vocación como jurista, para lo cual necesita dos años de convalidación.
Licenciado por la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, Parra está convencido de que le queda recorrido laboral para poder trabajar como abogado hasta los 70 años y confía en que España le permita hacerlo para aportar riqueza a un país al que se siente agradecido por brindarle una segunda oportunidad.
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