El abogado Luis Izquiel denunció este jueves que la inhumación controlada que ordenó un tribunal del régimen de Nicolás Maduro para el capitán de fragata Rafael Acosta Arévalo es ilegal, pues esa medida no se encuentra establecida en la legislación penal.
«No existe en nuestra legislación penal la inhumación controlada y es que para enterrar a una persona no se necesita una orden judicial. Esa medida la inventaron para tapar los atropellos y las torturas» a la que fue sometido el capitán, dijo Izquiel en declaraciones al programa Al punto y seguimos, de César Miguel Rondón.
El abogado indicó que la orden la pudieron pedir al tribunal los mismos torturadores que asesinaron al capitán dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) «para que el país no se entere de las verdaderas causas de la muerte» y de lo que ocurre en las instalaciones dirigidas por el general Iván Hernández Dala.
Agregó que un futuro los familiares podrían realizar la exhumación del cadáver para «mostrarle al mundo» las torturas a las que fue sometido.
El cuerpo del militar fue enterrado 12 días después de su muerte tras ser sometido a torturas, por tras la presión ejercida desde la familia que pedía realizar el reconocimiento del cadáver y darle cristiana sepultura.
Este miércoles, los accesos a la morgue de Bello Monte – donde se preparó el cuerpo – fueron tomados desde temprano por la Policía Nacional Bolivariana (PNB), así como el ingreso al Cementerio del Este, un camposanto privado ubicado en el sureste de Caracas.
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