El diputado del estado Carabobo, Leandro Domínguez, denunció que en los municipios Libertador, Bejuma y Miranda de esa entidad explotan el oro sin ningún tipo de control. Gracias a la aprobación de la Corporación del Oro que le hiciera Maduro a Rafael Lacava en febrero de 2018.
Así lo dio a conocer el parlamentario el pasado miércoles, durante una entrevista en Televen. Domínguez habló sobre los diferentes casos de corrupción que se vienen cometiendo en ese estado. Especialmente en las áreas de salud, explotación del oro y el mercado mayorista.
Señaló que se han enquistado las magias para la extracción del oro, y hasta ahora los venezolanos no conocen a dónde va ese mineral. Asimismo, dio a conocer que la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional aprobó la interpelación del expresidente de la Corporación de Salud del estado Carabobo, doctor Raúl Falcón, por hechos de corrupción. Así como la interpelación de José Ávila, presidente de Alimentos Carabobo (Alimca)
El diputado aseguró que la situación social y política ha afectado a Lacava. «Recordemos que Rafael Lacava representa a Nicolás Maduro y con eso lo decimos todo”, dijo.
Falta de gas doméstico obliga a los carabobeños a cocinar con leña
La solución que ofrece el gobierno regional ante la escasez de gas doméstico, es otorgarle la distribución del gas a la empresa Alimentos Carabobo, la cual se encarga de la distribución del Clap en esa región. “Esto lo que traerá es mayor corrupción, más no la solución», advirtió el parlamentario.
El mercado mayorista de Carabobo
Domínguez también habló acerca de las denuncias que ha realizado sobre las irregularidades dentro del mercado mayorista de Carabobo. Ante ello ha solicitado a la gobernación su intervención.
Entre las irregularidades se encuentran los precios exorbitantes de los alimentos, la anarquía, prostitución y venta de drogas. Exponer ese tema trajo como consecuencia una demanda interpuesta por el alcalde del municipio Libertador, Juan Perozo, con el fin de silenciarlo.
Finalmente el diputado expresó que el mercado debería contar con un sistema de cámara de seguridad interna y externa, una oficina de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), y la seguridad no debería estar a cargo de la Guardia Nacional.
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