La Corte Penal Internacional (CPI) culminó en diciembre la segunda fase de las supuestas violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela. Uno de las decenas de casos presentados a la Fiscalía es el del asesinato del inspector Óscar Pérez, el 15 de enero de 2018, quien se rebeló en contra del gobierno chavista.
El portal de noticias El Pitazo reseñó la búsqueda de justicia de los hechos registrados en la parroquia El Junquito, en la ciudad de Caracas. En la operación perecieron siete ciudadanos que se alzaron contra Maduro, incluido Pérez, quien era miembro Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
Casi dos años después de los enfrentamientos, calificados como “masacre”, países de la región consignaron un expediente ante la CPI. Desde entonces, las autoridades judiciales internacionales iniciaron una investigación sobre las operaciones realizadas por las fuerzas de la ley a la orden del Palacio de Miraflores.
En el caso Venezuela 1 está el documento donde se evidencia la muerte de Pérez y los demás ciudadanos implicados en la operación. En tal sentido, el exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray, subrayó que el expediente pasó a la tercera fase de evaluación de la CPI.
“Con este pronunciamiento, el expediente Venezuela 1 pasó la segunda fase al estimarse que en el país se han cometido crímenes competentes de la Corte Penal. Un grupo de fiscales presentó en ese expediente la ampliación del caso de Óscar Pérez con una cantidad de análisis”, dijo Mundaray.
¿Quiénes son responsables por la muerte de Pérez?
El documento entregado a la CPI responsabiliza a Nicolás Maduro y al almirante Remigio Ceballos Ichaso, jefe del Estado Mayor del Comando Operativo Estratégico de la Fuerza Armada Nacional (Ceofan). El militar está citado precisamente porque la operación contra Pérez se efectuó tras la activación del Cofan.
“Si uno revisa la ley de la FAN, para que se pueda activar el CEO se requiere una orden presidencial, de modo que no es posible ni siquiera por órdenes del ministro de la Defensa que el CEO se active. Por esta razón consideraron, precisamente desde la perspectiva de quienes ejercen funciones públicas, que había que actuar como si hubiese un enemigo militar”, dijo.
Mundaray aseguró que en Venezuela no se puede realizar un juicio justo sobre la muerte de Pérez porque “existe la acción directa de altos miembros del régimen«. “A partir de allí, se iniciaría la investigación formal en la que esperamos se produzcan medidas importantes contra los autores de estos crímenes de lesa humanidad”, concluyó.
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