La organización no gubernamental Foro Penal advirtió este lunes que el 74 % de los detenidos por razones políticas no enfrentan la apertura de un juicio. Por ende, los defensores de derechos humanos alegan que el gobierno chavista implementa la detención preventiva como un método castigo en contra de los disidentes.
Los directores del Foro Penal, Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, subrayaron que la detención preventiva no puede exceder de los dos años. De tal forma, estos procedimientos estarían violando la legislación establecida en Venezuela, según advirtieron los abogados que defienden a los detenidos arbitrariamente.
Según el recuento que maneja el Foro Penal, actualmente hay 323 presos políticos en Venezuela. De todos ellos, 23 son mujeres y todos los demás hombres. Asimismo, hay 123 militares tras las rejas en el país, según explicó Romero en una rueda de prensa.
Romero apuntó que al 74 % de los presos políticos “ni siquiera se les ha abierto juicio, es decir, que no han tenido la oportunidad de tener ni siquiera una audiencia”. “Los mantienen arbitrariamente detenidos por más tiempo”, agregó Romero.
Una herramienta de persecución política
Romero señaló que al 20 % de los detenidos se les ha abierto un juicio, mientras que solo 6 % admitió el supuesto delito. Además, del 74 % a la espera de juicio, 49 de ellos tiene dos años preso, 10 llevan cuatro años tras las rejas y cuatro ya tienen seis años a la espera de un proceso judicial.
“Estas personas están siendo utilizadas para mandar un ejemplo, en procesos penales que se eternizan y que se desnaturalizan, convirtiéndolos en una herramienta de persecución política”, dijo Himiob, según reseñó la agencia de noticias Reuters.
El Palacio de Miraflores y las autoridades no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios. Igualmente, el gobierno chavista y las autoridades judiciales rechazan que haya presos políticos, a quienes califican como “políticos presos” por cometer varios delitos.
Romero indicó que desde el 2014, más de 9.000 personas han pasado por el estatus de “preso político”. En este contexto, sumado a acusaciones como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, la Organización de Naciones Unidas (ONU) alertó que en Venezuela se cometieron crímenes que se pueden catalogar como de lesa humanidad.
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