«Disuelva las Faes y establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad», fue la orden de Michelle Bachelet a Maduro luego de su visita al país.
Esta petición la realizó luego de que en 2018 el régimen registrara 5.287 muertes, supuestamente por “resistencia a la autoridad”.
Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del 2019, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio régimen.
También en el informe también se responsabiliza a los grupos armados civiles conocidos como colectivos de contribuir al deterioro de la situación, imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones en contra del régimen.
De acuerdo al reporte de la alta comisionada, se han registrado 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 son atribuibles a las fuerzas de seguridad del Gobierno o a los colectivos.
En el periodo que abarca el informe, tanto a fuerzas civiles como militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los períodos de detención y las visitas, y uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones.
La proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), en el contexto de las operaciones policiales ha sido sorprendentemente elevada, según señala el informe.
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