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Inamovilidad laboral fue extendida hasta finales de 2022, según última Gaceta Oficial de 2020

El régimen de Nicolás Maduro decretó una prorroga de dos años de la inamovilidad laboral para los trabajadores del sector público y privado. Así lo especificó la Gaceta Oficial, fechada del 31 de diciembre, mediante el Decreto N° 4.414 en la publicación Extraordinaria número 6.611.

“Las trabajadoras y trabajadores amparados por este Decreto no podrán ser despedidos, desmejorados o trasladados sin justa causa calificada previamente por el Inspector o Inspectora del Trabajo de la jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 422 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y los Trabajadoras”, expone.

Así señala el Artículo 2 del instrumento normativo, con el que se extienden las medidas para hacer frente a la pandemia de coronavirus. A raíz del virus y la crisis económica que generó, el régimen implementó un paquete de decretos para hacer frente a la emergencia financiera.

Por su parte, el Artículo 3 precisa qué puede hacer un trabajador en caso de ser despedido, a pesar del decreto emitido. En tal sentido, indicó que si la medida se tomó “desmejorado sin justa causa o trasladado sin su consentimiento”, puede presentar una denuncia.

“Podrá interponer denunciar dentro de los treinta (30) días continuos siguientes ante el Inspector o Inspectora del Trabajo de la jurisdicción, y solicitar el reenganche y el pago de salarios caídos, así como los demás beneficios dejados de percibir, o la restitución de la situación jurídica infringida”, explicó.

Decreto exige prioridad en caso de despido laboral

De igual forma, el Artículo 4 insta a las Inspectorías del Trabajo a dar “absoluta prioridad” a los procedimientos. En consecuencia, en caso de que se concluya que se violó la ley con los despidos, el patrono puede enfrentar sanciones.

“A la patrona o patrono que obstaculice o desacate la orden de reenganche y restitución de la situación jurídica infringida de una trabajadora o trabajador protegido por la inamovilidad laboral, se le impondrán las medidas y sanciones previstas en la Ley”, concluye.

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