Hugo Chávez lo estableció y el modelo sigue más vigente que nunca: ejerció la vocería de cuanto sucedía en el país. A través del poder de la palabra, el comandante barinés anunciaba desde la temporada de lluvia y el programa de vacunación para niños pobres hasta quiénes debían sufrir los desmanes de la represión gubernamental porque él los consideraba enemigos de la revolución.
No en vano los términos “escuálidos” y “pitiyanquis”, acuñados por él, siguen usándose para identificar a quienes disienten del régimen.
En diciembre de 2009 la juez 31 de Control de Caracas, María Lourdes Afiuni, decretó la libertad bajo fianza del banquero Eligio Cedeño, quien se encontraba preso por corrupción.
La jurista fue detenida minutos después de materializar la medida.
Al día siguiente, Hugo Chávez, en cadena de radio y televisión y sin tener a mano algún elemento de convicción, la calificó de corrupta y bandida, y en consecuencia pidió para ella 30 años de cárcel.
Fue una orden que se cumplió más allá de lo imaginable.
Afiuni no solo fue llevada al Inof para someterla a todo tipo de torturas, incluyendo violación sexual, sino que se le aplicó un proceso judicial lleno de irregularidades.
Hugo Chávez mostraba en público plena satisfacción por lo sucedido.
Nueve años después de los hechos, Afiuni fue condenada a 5 años de prisión por el delito de “corrupción espiritual”.
El mencionado pecado no existe en la legislación venezolana ni mundial, pero de cualquier forma se tenía que satisfacer el mandato del comandante omnipresente.
El vergonzoso proceder ahora reposa en el ministro de Comunicación e Información del régimen, Jorge Rodríguez, quien utiliza las cadenas de radio y televisión para indicar quiénes serán los próximos castigados por el régimen.
Rodríguez es titular del Minci desde el 3 de noviembre de 2017.
Desde entonces ha denunciado un sin número de conspiraciones, intentos de golpes de Estado, sabotajes, actos terroristas y magnicidios, entre otros hechos.
Por ejemplo, el pasado mes de marzo, luego del apagón que dejó sin servicio eléctrico a 21 estados del país, dijo que se trató de una «agresión», pero nunca mostró el lugar del ataque ni las causas reales de la falla.
El Presidente Juan Guaidó, al conocer la nueva denuncia, calificó la versión ofrecida por Jorge Rodríguez como una nueva «novela».
«Es el cuento número N, ya la prensa perdió la cuenta de cuántas veces ha hecho las mismas acusaciones», advirtió Guaidó.
Una vez más
Este miércoles 26 de junio, Rodríguez denunció el enésimo plan de conspiración contra Nicolás Maduro.
En esta oportunidad dijo que la oposición había contratado, desde Colombia, a grupos israelíes para que asesinaran a los más importantes funcionarios del régimen venezolano.
Rodríguez, aplicando métodos clásicos de propaganda, revela intentos de golpes de Estado, actos terroristas y conspiraciones.
Para convencer a la opinión pública sobre sus propósitos muestra videos y fotografías de supuestos involucrados en los hechos conspirativos.
También hace esquemas y da a conocer audios privados, a pesar de que la Constitución garantiza el derecho a la intimidad personal.
No importa si las pruebas son fehacientes y si la opinión pública le cree. Lo importante es que todos sus señalamientos traen graves e irreversibles consecuencias jurídicas.
Apenas terminan sus intervenciones públicas, tanto el fiscal general como el presidente del TSJ del régimen hacen lo propio y explican los castigos que se aplicaran a los señalados.
Parte de la lista
Este 27 de junio se conoció, por ejemplo, que 13 personas, entre ellas el general de brigada Miguel Sisco Mora, se encuentran detenidas por el nuevo golpe de Estado anunciado por Rodríguez.
El funcionario explicó que estas y otras tantas personas, incluyendo al presidente encargado Juan Guaidó, tienen relación con la conjura.
El libreto siempre implica la participación de los gobiernos de Colombia, Panamá, República Dominicana y Estados Unidos.
Siempre hay una “triangulación” y muchos dólares enviados desde el imperio norteamericano.
En abril de este año, Rodríguez explicó que el régimen encontró en el celular de Roberto Marrero todas las evidencias de desestabilización programado por un grupo denominado Grupo Cocun 2.0.
“Aquí están las capturas de pantallas que evidencian la conspiración”, dijo Rodríguez.
Marrero, jefe del despacho del presidente Guaido, se encuentra detenido en El Helicoide.
En agosto de 2018, desde el Palacio de Miraflores, el titular del Minci mostró un vídeo en el cual el diputado Juan Requesens, evidentemente fuera de sus cabales, se responsabiliza de haber ayudado a facilitar la entrada de unos drones a nuestro país.
El parlamentario también se encuentra detenido en la sede del Sebin.
En diversas oportunidades Rodríguez ha calificado de “grupos o células terroristas” a los partidos políticos de oposición que hacen vida en el país.
Sus señalamientos han obligado a muchos dirigentes a exiliarse en países amigos antes de que la justicia roja los reprima.
El Minci es un órgano de apoyo al vicepresidente de la república en la coordinación de las políticas públicas.
Es una institución estratégica, vigilante de la gestión gubernamental a través del seguimiento y control de las políticas públicas.
El titular del despacho debería, entre otras cosas, informar sobre los logros y acciones positivas del gobierno de Maduro.
Evidentemente las prioridades son otras.
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