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Las razones por las que Venezuela no ha iniciado la vacunación contra el COVID-19

El diario colombiano El Tiempo reseña que Chile, Argentina, México, Costa Rica, Panamá, Brasil y Ecuador ya aplican vacunas contra el COVID-19, comenzando por los trabajadores de la salud. Venezuela, entretanto, no tiene siquiera certeza de cuándo los médicos pudieran comenzar a recibir las inyecciones pues no ha anunciado un plan de vacunación detallado.

El canciller del gobierno de la revolución chavista Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, acusó a Juan Guaidó este jueves 21 de enero de impedir la compra de vacunas contra el COVID-19 para Venezuela, al rechazar el uso de 120 millones de dólares de los fondos de Venezuela en Reino Unido para financiar la adquisición de los fármacos.

Según el funcionario, el rechazo del líder opositor a una propuesta del Banco Central de Venezuela -y que se definió entre bufetes que representan a ambas partes en Londres-, evidencia «otra prueba de la crueldad de Guaidó y su banda». Según el gobierno chavista, el dinero se hubiese utilizado para participar en el programa Covax, el proyecto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para distribuir a nivel mundial vacunas contra el coronavirus.

La carta con la que los representantes de Guaidó, la firma Arnold & Porter, responden a la propuesta del BCV presentada por sus abogados del bufete Zaiwalla & Co, especifica que «no se puede confiar en que el régimen de Maduro, completamente desacreditado, distribuya vacunas de manera justa y efectiva al pueblo venezolano», y recuerda que el chavismo ha usado la COVID-19 «para cubrir los abusos de los derechos humanos y la represión de la oposición política, así como atacar a los medios de comunicación y encarcelar a trabajadores de la salud».

Además, apuntan entre otras consideraciones que el pago a la OMS pudiera hacerse por otras vías, no solo porque cuenta con dineros de otras fuentes sino que tiene la posibilidad de aprovechar exenciones dispuestas con respecto las sanciones de Estados Unidos para hacer pagos por motivos humanitarios. «De hecho, la OFAC ha emitido una serie de autorizaciones para permitir la prestación continua de apoyo humanitario sin obstáculos al pueblo venezolano en relación con medicamentos y dispositivos médicos, incluido el tratamiento del COVID-19».

Por otra parte, el lapso para anotarse en el mecanismo Covax ya cerró, como explicó la Organización Panamericana de la Salud (OPS) al confirmar que Venezuela quedó excluida de la lista, además por la deuda de 11 millones de dólares que mantiene con esa organización desde 2017, antes de las sanciones petroleras.

Sanciones y deudas no son los únicos obstáculos. También está la propia gestión del gobierno de la revolución chavista, que genera poca confianza en actores multinacionales. Por ejemplo, en junio de 2020 representantes de Guaidó y Maduro llegaron a un acuerdo para la compra, a través de la OPS, de pruebas de antígeno, prometiendo distribuirlas en hospitales venezolanos para mejorar los sistemas de detección de contagios, clave para la atención de la pandemia según ha explicado insistentemente Julio Castro, infectólogo cuya firma compartió hoja con la del ministro de Salud, Carlos Alvarado.

Pero Miraflores no ha cumplido. La agencia Bloomberg publicó que desde que las pruebas llegaron a finales de octubre de 2020 el régimen de Maduro tomó control absoluto y casi no las ha distribuido, contraviniendo los acuerdos alcanzados. La agencia reportó que de las 340.000 pruebas que arribaron a Venezuela, solamente unas 3.000 han sido usadas, según documentación de la OPS.

Por su parte, Miguel Pizarro, emitió un comunicando detallando que tampoco se hizo uso correcto de los equipos entregados al gobierno chavista para detección de contagios, pues fueron instalados en lugares distintos a los acordados, donde se registra menor incidencia de casos.

El antecedente está en línea con los argumentos presentados por la firma Arnold & Porter sobre las perspectivas que tendría entregar control de la vacunación a Nicolás Maduro. Y también con el propio mensaje publicado en Twitter el jueves 21 por Juan Guaidó en el que resalta a la gestión chavista como un obstáculo, más allá del dinero.

Mientras Arreaza responsabiliza al líder opositor por no inscribir al país en el Covax, el gobierno mantiene su promesa de recibir 10 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V este año, que alcanzarían para un 17% de la población (requiere dos aplicaciones por persona, aunque Delcy Rodríguez igualó dosis a pacientes) y de la cual no se han publicado los resultados de la Fase 3 de pruebas a pesar de que ya se ha comenzado a utilizar en varios países.

En septiembre pasado, Nicolás Maduro firmó un acuerdo para desarrollar pruebas locales de las vacunas rusa y cubana, sus candidatas a ser usadas en el país. A finales de octubre afirmó que su gobierno también desarrolló la molécula DR10 «como un antiviral altamente efectivo» contra el COVID-19, que estaría a la espera de una certificación de la OMS.

Pero aún no hay certeza alguna de cuándo comenzaría un plan de inmunización. El 14 de diciembre, Maduro anunció que «quizás» la vacunación en Venezuela pudiera iniciar a comienzos de abril de 2021.

Mientas tanto, los contagios se disparan

En octubre de 2020, Julio Castro decía que Venezuela no tenía una «lógica epidemiológica» en el manejo de la pandemia, y que además se avanzaba «a oscuras, a ciegas», debido a la falta de información transparente al respecto.

Tres meses más tarde, el país atraviesa una nueva oleada de contagios, con una curva creciente que ya acumula 122.260 casos desde el inicio de la pandemia en marzo 2020, con 1.129 fallecidos; y un conteo diario de los más altos que se han visto desde aquel octubre (comenzó a subir aceleradamente desde el 7 de diciembre, justo después de las elecciones parlamentarias).

Aunque ambos datos siguen siendo bajos con respecto a otras naciones de la región, develan alarmas estadísticas. Un documento del Ministerio de Salud al que tuvo acceso Bloomberg apunta que hasta el 7 de enero de 2020, solo se habían efectuado 485.000 pruebas PCR desde aquel primer caso de marzo pasado.

Sería, según esos números, una tasa de 17 pruebas por cada 1.000 habitantes, de las menores de todo el continente. En Bolivia, entre los últimos en esa lista, la tasa es de 37.

Julio Castro publicó en su Twitter que el promedio diario en diciembre de 2020 de pruebas PCR aplicadas en el país fue de apenas 0,07 por cada 1.000 habitantes.

Según la presidenta del CNE designada por el TSJ, Indira Alfonzo, el Instituto Nacional de Estadísticas estimó que para diciembre 2020 la población venezolana era de 32,78 millones de habitantes. Perú, con una población cercana a los 32 millones también, habían aplicado hasta el 4 de enero 5.555.592 pruebas PCR, una brecha superior al 1.100%.

Más allá, la cantidad de PCR hechas hasta el 7 de enero, cuando se reportaban 115.322 casos en la cuenta oficial, darían que el 23,8% de los resultados resultan positivos. La OMS recomienda una tasa de positividad de 5%, asumiendo que un número superior es indicador de insuficiente capacidad de monitoreo.

De hecho, estimaciones del portal Our World in Data estima números muy superiores de contagios con respecto a las confirmaciones oficiales, aplicando un modelo estadístico del Imperial College de Reino Unido.

Latinoamérica deja la peluca

El presidente argentino, Alberto Fernández, recibió la vacuna rusa Sputvik V este jueves 21 de enero, convirtiéndose así en el primer mandatario de América Latina en ser inmunizado contra la COVID-19. La nación del cono sur comenzó su programa de vacunación el 29 de diciembre de 2020 y hasta ahora unas 241.850 personas ya recibieron el primer pinchazo de los dos necesarios, comenzando por los trabajadores de la salud.

Argentina fue uno de los dos países en iniciar más temprano la inmunización de su población. La otra nación en hacerlo fue Chile, que aplicó la primera dosis el 24 de diciembre de 2020, de las compradas a Pfizer-BioNTech. El 19 de enero se reportaba que más de 13.000 trabajadores de la salud habían completado la vacunación, y comenzaban a administrarse a miles de adultos mayores.

El gobierno de Sebastián Piñera, que actúa en medio de una acelerada segunda ola de contagios, negoció millones de dosis con los proveedores de cuatro tipos de vacunas: Pfizer, Sinovac, Oxford/AstraZeneca y Janssen.

Ese mismo 24 de diciembre México hizo lo propio al aplicar la primera vacuna Pfizer/BioNTech en ese país. Diez días después ya sobrepasaba las 24.000 personas atendidas con la primera de dos dosis. De igual forma, Costa Rica la comenzó a aplicar desde el día de Nochebuena.

Panamá comenzó a vacunar este 20 de enero también con la de Pfizer/BioNtech, al igual que Brasil que cuenta con dosis de la de Oxford/AstraZeneca y la del laboratorio chino Sinovac. Asimismo, Ecuador comenzó a aplicar las vacunas de Pfizer/BioNTech el jueves 21 de enero

Hasta ahora son las únicas naciones de Latinoamérica en aplicar las dosis. Otras están casi listas para iniciarlos, como Colombia que lo hará a partir de la primera semana de febrero.

El gobierno colombiano ha dicho estar sobre seguro sobre la cantidad de dosis con la que contará, pues no solo negoció una compra bilateral con Pfizer, sino que su país está incluido entre los beneficiados del mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que ejecuta la Organización Panamericana de la Salud.

Bolivia también ha dicho que en enero contará con un lote de 6.000 vacunas de la rusa Sputnik V, mientras que Perú espera comenzar su proceso a finales de este mes con la china Sinovac, para luego recibir la de Pfizer.

Ecuador y Bolivia están anotados para recibir dosis de la vacuna que entregue el mecanismo Covax de la OMS, que también beneficiará a Guatemala, Honduras, Paraguay, República Dominicana y Uruguay, entre otros, a lo largo de 2021.

Nicaragua no ha informado de planes concretos, aunque ha sugerido que podría adquirir unidades de la Sputnik V, mientras Cuba desarrolla cuatro candidatas propias: Soberana 01, Soberana 02, Mambisa y Abdala, todas en fase de ensayos clínicos.

Fuente: El Tiempo

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