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"Un copia y pega": Así calificó Tarek William Saab el informe de la Misión ONU sobre Venezuela

El fiscal general Tarek William Saab, calificó este sábado en una rueda de prensa conjunta a la cancillería de la administración de Nicolás Maduro sobre el informe de la misión internacional de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que el documento es un "copia y pega" de notas de prensa de internet, desestimando la validez de la investigación.

Así calificó Tarek William Saab el informe de la Misión ONU

Consideró que el informe de la Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela, tiene un sesgo político que persigue la intención de atacar a las instituciones venezolanas.

"Tienen una falla de origen terrible, que fue no venir al terreno. Son un anexo del supuesto gobierno interino, copiaron y pegaron declaraciones de actores políticos que nada tienen que ver con los DD.HH. para promover agresiones contra la instituciones", indicó William Saab.

Insistió que el informe representa un burla para los funcionarios del Ministerio Público. Indicó que el costo de la investigación de 5 millones de dólares es la "mercantilización" de los derechos humanos y definió que el documento fue levantado por "telepatía".

Aseguró que desconocen de manera absoluta el trabajo diario que realiza la defensa pública.

Condenó que en el informe participara Francisco Cox, quien acusó de tener una relación con el presidente de Chile, Sebastián Piñera.  

"¿Como le responde al mundo, señor Cox, que usted sea defensor de la herencia de Pinochet?", agregó.

Declaró que el informe es una "burla" hacia el trabajo que hace la ACNUR en el país.

Comparación de gestiones 

Condenó la gestión de Luisa Ortega Díaz, asegurando que sus tres años dejan al desnudo la "alianza con violadores de los derechos humanos", reiterando que respondía a un plan.

Aseguró que desde que asumió su cargo en el Ministerio Público (MP) en agosto de 2017, han rendido cuentas públicamente de todas sus acciones.

Detalló que desde su llegada imputaron a 565 funcionarios de seguridad del Estado señalados como presuntos responsables de vulneración a los DD.HH. y a 31 civiles implicados como colaboradores, para un total de 596 imputados.

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