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27-F en tiranía

Por Andrés Raúl Páez / Consultor Jurídico CNP

Se cumplen 32 años de aquella explosiva protesta social iniciada el 27 de febrero de 1989 en diferentes sectores y barriadas del Área Metropolitana de Caracas. Imposible olvidar el malestar y la furia en sectores populares de Catia, 23 de Enero, El Valle, La Vega, Petare, La Guaira y Guarenas.

Sobre las causas que originaron “El Caracazo” mucho se ha investigado y publicado desde diferentes perspectivas. Hay que tomar en cuenta que el aumento de tarifas de transporte urbano, incumplimiento del pasaje estudiantil, el acaparamiento, la especulación, el desempleo, y otros factores, influyeron en un proceso de gestación de multiplicidad de frustraciones, que desataron hechos de violencia con mucha intensidad, saqueos generalizados, vandalismo, y luego, una represión desproporcionada, por parte de organismos militares, policiales, ocasionando un grave saldo de muertes, ejecuciones extrajudiciales, desaparecidos, heridos, lesiones y detenciones arbitrarias.

Ahora bien, luego de un avanzado populismo, cabe preguntarnos como venezolanos: ¿Acaso la pobreza, la improductividad, la inflación, el desempleo, el colapso de los servicios públicos básicos ha disminuido en estas 2 últimas décadas?, ¿Cuál es el balance del socialismo del Siglo XXI en materia de nutrición, salud, esperanzas de vida, y educación?

Para responder parte de tales cuestionamientos, nos apoyamos en los resultados contenidos en la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI 2019-2020), que indican que Venezuela ha adquirido condiciones más propias de países de Centroamérica, el Caribe, y África, en materia de pobreza y desnutrición. Venezuela se ubica como el país más pobre y el segundo más desigual de América Latina (coeficiente Gini 51,0) detrás de Brasil; pero cuando se juntan las variables de inestabilidad política, PIB y pobreza extrema, Venezuela aparece en el segundo lugar de una lista de 12 países –que encabeza Nigeria y termina con Irán– seguida de Chad, Congo y Zimbabue.

Según ENCOVI, 96% de los hogares encuestados presenta pobreza de ingreso, 54% califica en el renglón de pobreza reciente y 41% en pobreza crónica. La pobreza multidimensional (relacionada con indicadores como educación, estándar de vida, empleo, servicios públicos y vivienda) afecta a 64,8% de los hogares y creció 13,8% entre 2018 y 2019.

En el caso de la desnutrición crónica, según ENCOVI: “Venezuela no se compara con el continente, ni siquiera con Haití. Nos parecemos más bien a África, a Nigeria o Camerún, ojalá no lleguemos al caso de Zambia. Venezuela es el país de Suramérica que tiene la desnutrición global peso/edad más alto”.

De acuerdo al sociólogo e investigador (UCAB), Luis Pedro España (julio 2020): “Nunca había existido en Venezuela este nivel de pobreza, es evidente que el gran responsable del escandaloso aumento de la pobreza ha tenido que ver con la destrucción de la economía venezolana y la única posibilidad de empezar a remontar la curva es con crecimiento económico y generación de empleo, que incorpore a las mujeres, que es uno de los antídotos de la pobreza. Tenemos problemas en la educación, tenemos retos alimentarios importantes y una población vulnerable que no estamos atendiendo porque solo reciben bonos y cajas CLAP”.

En este orden ideas, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) se registraron 9.633 protestas durante el año 2020, equivalente a un promedio de 26 diarias, reclamando derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca), así como 8.193 exigencias, principalmente mejora de servicios básicos, reivindicaciones laborales, acceso a la salud, alimentación y rechazo a la crisis de gasolina. De acuerdo a Marco Antonio Ponce, director del OVCS: “Ni la represión del régimen de Nicolás Maduro ni el COVID-19 detuvieron a la sociedad civil en la exigencia de derechos. Vecinos, trabajadores, sindicatos y gremios demostraron que hay un país que quiere vivir con dignidad y en democracia”.

La calidad de la educación es un derecho humano fundamental y desde la perspectiva de la UNESCO debe reunir las siguientes condiciones: respeto de los derechos, relevancia, pertinencia, equidad y eficacia.

Contrasta la realidad dantesca del sector educativo en Venezuela, reflejada en diferentes estudios de investigación, a lo largo de la última década, encuestas nacionales, denuncias de todos los gremios que hacen vida en la actividad del magisterio, educación superior, docentes, federaciones, sindicatos, academias, ONG, el aporte de la Cátedra de Derecho Constitucional de la UCV, entre otros, que reflejan que a la tiranía, y usurpación reinante en Venezuela, poco le importa la formación intelectual, al intentar de implantar un modelo de pensamiento único, en contra de nuestros jóvenes, de los estudiantes, de los profesores, trabajadores, obreros, en todos los niveles de educación, afectando directamente un sistema creativo, inquisidor, liberal, flexible, con ética, con principios y valores republicanos, en respeto de la diversidad de pensamiento e ideas, del pluralismo, conforme a las garantías constitucionales previstas en los artículos 102, 104 y 109 de la Carta Magna, además del Protocolo de San Salvador (1988), cuyo tratado internacional ampara derechos educativos y culturales en Venezuela.

Sobre la vigencia efectiva de derechos humanos fundamentales, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, recordemos que aprobó diversas resoluciones: 39/1, del 27 de septiembre de 2018, 42/4, del 26 de septiembre de 2019, y 42/25, del 27 de septiembre de 2019, sobre la violación sistemática de DDHH, y especialmente el riguroso trabajo de la “misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela”, cuyo informe fue publicado el 16-09-2020 y aprobado el 06-10-2020, sobre Venezuela “marcada por un cuadro persistente de violaciones que afectan de forma directa e indirecta a todos los derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, en el contexto de la actual crisis política, económica, social y humanitaria”.

De acuerdo al informe aprobado por la ONU el 06-10-2020, existe responsabilidad (doble) de los fiscales del Ministerio Público, y de los jueces, en las violaciones de los derechos humanos contra los disidentes políticos y militares, invocando: “La inseguridad de la permanencia en los cargos, la falta de transparencia en el proceso de nombramiento de jueces y fiscales, la precariedad de las condiciones de trabajo y las injerencias políticas, también en lo que respecta a los miembros del Tribunal Supremo, que carecen de independencia de las autoridades y el partido en el poder, socavan la independencia del sistema de justicia, contribuyen a la impunidad y a la persistencia de violaciones de los derechos humanos y obstaculizan la celebración de elecciones libres, limpias, transparentes y creíbles”.

Recientemente, el 22-2-2021, el Consejo de la Unión Europea sancionó a 19 altos funcionarios de la tiranía en Venezuela “debido a decisiones que socaban el funcionamiento de la ley en el país o como resultado de graves violaciones de derechos humanos”. La lista de sancionados por UE alcanza a 55 funcionarios en diferentes posiciones del Estado forajido, entiéndase CNE ilegítimo, TSJ express, Asamblea Nacional usurpadora, directores de organismos policiales civiles, militares, y altos funcionarios de las fuerzas armadas. No es de extrañar que la dictadura a través de cualquiera de sus instituciones sumisas, desarrolle un proceso de expulsión o de declaratoria de persona non grata en contra de la digna representante de la UE.

Las causas que generaron el 27 de febrero al fenómeno conocido como “El Caracazo”, y después para amparar 2 sublevaciones cívico-militares no solamente persisten, sino que se multiplican desde la perspectiva de la peor crisis en toda nuestra historia republicana, bajo un régimen de tendencia totalitaria que aplasta de forma brutal cualquier voz de disidencia, con una cruel represión, censura, hegemonía comunicacional, criminalización selectiva, siguiendo instrucciones precisas, contra defensores de DDHH, conocidas ONG con trabajo social comprobado, médicos, enfermeros, periodistas, trabajadores de la prensa, dirigentes comunitarios, imputando a dedo, una ruleta de tipos delictuales como: de “Traición a la Patria”, Conspiración, Instigación a la Insurrección, Rebelión Civil, Concierto para Delinquir, Usurpación de Funciones, Instigación Pública a la desobediencia de las leyes, por citar algunas de las perlas de la justicia roja rojita, con la invocación fraudulenta además de las mal llamadas leyes contra el odio, y antibloqueo.

Concluimos nuevamente con la reflexión ciudadana del poeta cumanés, Andrés Eloy Blanco, quien al salir de las mazmorras de Puerto Cabello, exclamó: “Hemos echado al mar el grillo de los pies. Ahora vayamos a la escuela a quitarle los grillos de la cabeza porque la ignorancia es el camino de la tiranía”.

Twitter @andresraulpaezp

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